Despiadada amnistía burla el DIH en Colombia
Por: Daniela Prada 05 de marzo de 2020
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue creada por el Acuerdo de Paz surgido entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y una fracción de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pretendiendo que se convirtiera en un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, que permitiera a las víctimas de los hechos producidos por las FARC una reparación integral.
Desafortunadamente, para muchos de los colombianos, este supuesto componente de justicia ha venido perdiendo credibilidad y razón de ser, por demostrar favorecimientos groseros a exguerrilleros y personajes como alias «Santrich», el «Paisa» y «Romaña», quienes a la final nunca brindaron verdad a las víctimas, tuvieron impunidad y regresaron a la ilegalidad y al narcotráfico.
Esta semana, la JEP ha vuelto a estar en el centro de la discusión sobre su efectividad y cumplimiento de la misión para la cual fue creada, debido a la reciente amnistía que otorgó a Marilú Ramírez Baquero, alias «Lulú» o también conocida como la «Mata Hari de las FARC»., por haber infiltrado las fuerzas militares y planear el atentado con un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra ocurrido el 19 de octubre de 2006, que tuvo como consecuencia un total de 23 heridos (según periódico El Tiempo), millonarias pérdidas por los daños ocasionados a la infraestructura de la unidad militar, y los edificios cercanos como la Universidad Militar Nueva Granada, hotel «El Colon» y demás edificaciones del sector.
Lo más curioso del caso de alias «Lulú», es que en septiembre del año 2015 una juez especializada con función de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Marilú Ramírez Baquero manifestando que la fiscalía demostró la relación directa entre la condenada, las FARC y el atentado a la Escuela Superior de Guerra; teniendo como base los elementos electrónicos incautados durante la operación Sodoma realizada por el Ejército Nacional en la Uribe y Mesetas (Meta)[1].
Por lo anterior, es más que cuestionable que la JEP haya permitido la inclusión de esta terrorista en su tribunal para ser juzgada por hechos que ya habían sido condenados por la justicia ordinaria. Y, aun así, es más cuestionable que la JEP considere el atentado como un hecho permitido por el DIH y que por lo tanto excluye a los militares heridos en dicho atentado, por considerarlos como parte de un objetivo de guerra. Esto, desconociendo que la Escuela Superior de Guerra es una institución de educación superior y que además se encuentra próxima a otro ente de educación superior donde se forman entre otros, civiles e hijos de miembros de la Fuerza Pública, donde las pruebas demostraron una des-proporcionalidad en el ataque cobarde de las FARC.
¿Entonces, donde queda la supuesta verdad, reparación, justicia y acciones de no repetición para la que fue creada la JEP? ¿La vida de los militares que prestan funciones de protección de la soberanía de Colombia, no tiene ningún tipo de valor? ¿Las heridas físicas y psicológicas de los militares, no tiene validez para la sociedad?
[1] https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenada-marilu-ramirez-por-atentado-contra-escuela-superior-de-guerra/