La seguridad privada como aliado estratégico en la seguridad y defensa de la Nación

Por: Luis A. Vanegas Espinosa 

La seguridad privada corresponde a un proceso dinámico, el cual involucra a todos los seres humanos: ya sea en una interconexión que facilite ejecutar acciones desde cualquier aspecto a nivel mundial, trayendo consigo enormes beneficios para la defensa de las naciones y para sus economías; pero también, trae ciertos agravantes entre los cuales se encuentra la violación de la soberanía de una nación.

Lo que se busca entonces, es desarrollar más que un seguimiento minucioso, un análisis prospectivo de los impactos en el marco la defensa y seguridad nacional y la eventual inconstitucionalidad ante el incremento de compañías extranjeras en el sector de la vigilancia y seguridad privada. De allí que se pueda llegar a generar las dependencias del poder constitucional del Estado colombiano, poniendo varios factores en riesgo como: la economía, la seguridad nacional y la estabilidad social, entre otros.

Teniendo en cuenta que la seguridad privada es un negocio tan lucrativo, el Estado ha olvidado la esencia del contexto actual del poder en el real manejo, uso y control de las armas, delegándolo a compañías privadas en especial extranjeras, ante su incapacidad en algunas ocasiones para ejercer verdaderos controles. Se está permitiendo entonces que surjan fisuras y un debilitamiento del poder estatal posiblemente contradiciendo la constitución.

La Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 223 establece: «Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.»

Por lo anterior, se deben establecer lineamientos de defensa y seguridad nacional determinando la relevancia que posee para Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional la vigilancia y seguridad privada dentro de la estrategia de defensa y seguridad de la Nación, partiendo de información técnica y legal, analizando el impacto de poseer capital extranjero con compromiso sobre las armas propiedad de la nación, los cambios que estimula los intereses para la defensa Nacional y la fuga de capital producto de dicha actividad por parte de este gremio de particulares extranjeros.

Es por ello que «El Estado y las corporaciones que tienen relación con la vigilancia e inspección de las libertades otorgadas para el correcto funcionamiento de las empresas extranjeras que realizan inversión en el sector de la vigilancia y seguridad privada, irradian en el Congreso de la República, una dinámica tensión que hasta ahora pareciera no tener salida, y el Gobierno, viviría placentero con el statu quo que se presenta (...).» (Fundación Arias para la paz y el progreso humano, 2003).

De igual manera, determinar la viabilidad o inviabilidad constitucional sobre la intervención de personal reinsertado de grupos al margen de la ley como las FARC; aspecto flagrante omitido durante el perfeccionamiento de los acuerdos para el posconflicto en los programas de reintegración y reconciliación nacional; con el fin de evitar la generación de un debilitamiento en la acción del poder del Estado colombiano, de un bien común como lo es la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional.

Es de gran importancia abordar la legitimidad, el bienestar de la moral institucional y nacional en un posible marco de inclusión social del personal reinsertado de los grupos que se encuentran al margen de la ley, que ingresan a las diversas compañías de vigilancia privada y al sector de la seguridad en general; ya que podrían o no afectar directamente la convivencia en el entorno y seguridad de quienes habitan el territorio nacional.

La literatura sobre la industria de seguridad privada muestra que su iniciación tiene correlación con dos variables: «El aumento de la prevención ciudadana a ser mártir de infracciones y la imposibilidad policial de controlar la delincuencia urbana en una nación. A través de un método comparado con lo nacional y particularmente cuantitativo, los resultados de esta indagación intentan debatir dichas premisas, explicando que no son, ni el temor, ni la labor policial los cambios más decisivos para exponer la demanda por los servicios de seguridad privada, sino, más bien vienen siendo una actividad económica (PIB per cápita) y la forma de administrar un negocio muy rentable a nivel mundial», según los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial (Grez, 2010).

Es importante determinar si la seguridad privada impacta la seguridad y defensa del estado colombiano y su nivel para así, encontrar los retos de la misma en el actual escenario que atraviesa el país ante las nuevos fenómenos criminales, en el desarrollo de este ejercicio del posconflicto, el incremento de las ganancias de esta actividad en la que se están lucrando compañías de capitales extranjeros y las nacionales y el impacto de las condiciones en que se desarrolla esta actividad comercial en territorio colombiano, así como el beneficio que buscaron los cabecillas de las FARC.

Finalmente, puede aseverarse que es una afrenta que hiere en lo más profundo de la dignidad del pueblo colombiano que soportó todas las acciones criminales y de sevicia con la que actuaron los miembros de esta organización criminal mientras estuvieron al margen de ley, y si atentan contra la soberanía nacional al permitir el manejo, uso y control de las armas por intermedio de capitales no nacionales ya que puede estar en contravía con los preceptos de los intereses nacionales, teniendo en cuenta que se está generando un debilitamiento en la acción del poder del estado colombiano en un bien común la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos dentro del territorio nacional.