Militarización de Ciudades: ¿solución o problema?

Por: Miguel A. Linares Castro

Durante estos días se escucha al alto gobierno pronunciarse acerca de la militarización de ciudades en las cuales se desbordo la capacidad de actuar de la Policía Nacional, sin embargo, esta no es un decisión que se debe o se pueda tomar a la ligera y no por que el Ejército o las diferentes Fuerzas no tengan la capacidad de afrontar las situaciones de orden público que se están presentando, sino porque no existe una normatividad que garantice la seguridad jurídica de los hombres y mujeres que podrían salir a las calles a tratar de ayudar en la solución del conflicto que se está presentando a lo largo y ancho del País.

Tristemente las garantías jurídicas en Colombia desde hace muchos años solamente se aplican al delincuente, al bandido, al que está actuando en contra de la norma y de las leyes, mientras que los integrantes de las Fuerzas Armadas son los que lamentablemente están siendo investigados y castigados por el simple hecho de cumplir su misión.

En el supuesto que una muchedumbre en uso de su derecho a la protesta genere una turba y se acerquen de manera agresiva a un grupo de soldados con el fin de atacarlos o quitarles su armamento, la reacción básica será primordialmente su propia defensa; la cual se refleja para los soldados (producto de su entrenamiento) mediante el uso de su dotación (armamento), lo cual podría generar mayor alteración de los generadores de violencia y de la población civil en general.

Lo anterior, me lleva a una pregunta básica: ¿están los Soldados y Marinos de las Fuerzas Militares preparados para el manejo de situaciones como las que se están presentando en este momento?

El lector militar con corazón henchido de valor se pronunciará indicando que podemos con "eso y hasta más" expresándolo en términos coloquiales, sin embargo; me atrevería a presumir que se está en una capacidad media, pero no se tiene el entrenamiento necesario ni mucho menos un respaldo jurídico que garantice que ese actuar no va a ser castigado.

Experiencias tenemos bastantes y la mayoría de estas lecciones aprendidas las evidenciamos con la Policía con su diario proceder, no pasa un día desde el inicio de las protestas en el cual no escuchemos noticias permanentes acerca de supuesto mal actuar de los integrantes de los grupos de reacción y del ESMAD, y lo anterior teniendo en cuenta que ellos llevan años manejando este tipo de situaciones de control del orden público, con mucho entrenamiento y la experticia necesaria; sin embargo, las acusaciones sobre abuso de la fuerza, abuso de autoridad y supuestas violaciones a los Derechos Humanos son constantes, llegando inclusive a la instauración de sanciones y penas a los policías por parte de los representantes de nuestro sistema judicial y las altas cortes, así estén en cumplimiento de su deber.

Para no ahondar más en el tema, simplemente cabria recordarle a políticos y tomadores de decisiones que el fuego no se calma con pólvora, en este caso el fuego se apaga con políticas publicas bien estructuradas, con el diseño de una agenda en la cual la prioridad sea el fortalecimiento de la economía mediante el apoyo a las empresas que generan empleo creando impacto en todos los estratos de la sociedad, pero principalmente trabajando en la disminución de la red de corrupción que tiene carcomido la mayoría de los estamentos del nivel nacional.

Lamentablemente la polarización en Colombia no ha permitido la construcción del país que muchos deseamos, simplemente ha generado situaciones en las cuales el inconformismo se convirtió en el pan diario y las ideologías de un grupo u otro sumado a la ignorancia de la gente, son las que han logrado mediante políticas y la generación de situaciones mediáticas que muchos ciudadanos estén en contra del actuar de las autoridades, inclusive cuando se realicen las cosas de la mejor manera y en busca del bien general, además que se cumpla la misión de acuerdo a la normatividad establecida.

Todo lo anterior fortalece mi argumento sobre la falta de apoyo no solo jurídico sino también social y político, lo cual limita a las Fuerzas Militares en el cumplimiento del rol establecido de apoyo a la Policía Nacional de la manera en la que se espera por parte de las diferentes autoridades de toda la Nación.